BLACK LIVES MATTER, VIOLENCIA INSTITUCIONAL Y RACISMO ESTRUCTURAL EN UN ESTADOS UNIDOS EN CRISIS

Valeria L. Carbone para el Boletín del Grupo de Estudios sobre Estados Unidos, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), julio 2020.

https://www.clacso.org/boletin-4-estados-unidos-miradas-criticas-desde-nuestra-america/

Estados Unidos debe entender que los disturbios no se producen de la nada. Ciertas condiciones continúan existiendo en nuestra sociedad que deben ser condenadas tan enérgicamente como condenamos los disturbios. Pero, a fin de cuentas, un motín es el lenguaje de quienes no escuchamos. ¿Y qué es lo que Estados Unidos no escucha? No escucha cómo la difícil situación de los negros pobres ha empeorado en los últimos años. No escucha que las promesas de libertad y justicia no se han cumplido. (Martin Luther King, 1967)

Estados Unidos de América se encuentra nuevamente convulsionado. Muchos hablan de la mayor revuelta a nivel nacional desde la década de 1960, con manifestaciones en todo el país, en el contexto de una acelerada crisis económica con índices de desempleo que equiparan a los de la gran depresión, consecuencia de una crisis sanitaria sin precedentes. ¿El detonante de turno? Un episodio, entre tantos, de brutalidad policial que terminó con la muerte de George Floyd, un hombre afro-estadounidense, a manos de la policía de Minneapolis.

El último ciclo de protestas y manifestaciones masivas de esta índole se había producido en el 2014, luego de otro episodio de violencia policial. En ese entonces, el asesinato de Michael Brown, un adolescente de 18 años, derivó en una oleada de protestas que tuvo como epicentro la ciudad de Ferguson, Missouri, y que resultó en la popularización del Black Lives Matter (BLM), una coalición formada en 2013 por las activistas Alicia Garza, Patrisse Cullors y Opal Tometi luego de la absolución de un guardia de seguridad blanco que asesinó a Trayvon Martin, un estudiante negro de 17 años que visitaba a sus parientes en un barrio privado de Florida.

Peniel E. Joseph calificó a toda esta generación de Georges y Michaels como “hijos de la rebelión de Watts”. Hace casi 55 años el próximo mes de agosto de 2020, el gueto de Watts (Los Ángeles) estalló en un motín “racial”. El mismo escaló a raíz de un enfrentamiento entre la policía y los residentes predominantemente afro-estadounidenses del barrio de Watts, ante un caso similar de brutalidad policial y abuso de poder. Producto de condiciones estructurales y contextuales más profundas que contribuyeron al estallido, el mismo se produjo luego de la brutal golpiza que un joven de 21 años, Marquette Frye, y su madre, Rena Price, recibieron luego de que Marquette fuera detenido por “conducir en forma imprudente”. Las autoridades impusieron la ley marcial en la ciudad y movilizaron a 21.000 policías y efectivos de la Guardia Nacional. Seis días de enfrentamientos entre ciudadanos negros y la policía concluyeron con 34 muertos, 1.032 heridos, 3.438 detenidos y pérdidas materiales por US$40 millones.

En el contexto histórico más amplio de la lucha por los derechos civiles de la comunidad negra, y pocos días después de la dilatada aprobación de la ley de derecho al voto (1965), el estallido de violencia en Watts implicó un punto de inflexión tanto en el movimiento por los derechos civiles — que por entonces llevada una larga década de lucha y protesta en las calles y en el ámbito judicial contra las prácticas más arraigadas de segregación racial -, como durante las rebeliones urbanas de los años 1964–1968. Desde mediados de 1963, se venían sucediendo en distintos puntos del país una serie de motines urbanos contra la segregación de facto. En tanto expresiones de la falta de trabajo, de las paupérrimas condiciones de vida y vivienda, pobreza extrema, segregación educativa y residencial, marginación laboral e incesante brutalidad policial, miles de afro-estadounidenses se manifestaron masivamente en todo el país. El punto más álgido se alcanzó durante el “largo y cálido verano” de 1967, cuando las protestas contra la brutalidad policial y la indiferencia ante el sufrimiento negro estallaron en 163 ciudades. Sólo los años 1965–1968 promediaron 300 revueltas, más de 50.000 detenidos y 8000 muertos, la mayoría de ellos a manos de la policía y la Guardia Nacional, siendo las más violentas en Watts, Chicago, Baltimore, Detroit, Newark, Cleveland, Milwakee y el distrito de Columbia.

Estos sucesos fueron investigados por una Comisión creada a tal efecto en 1967 por el presidente Lyndon Johnson. La National Advisory Commission on Civil Desorders (conocida como Comisión Kerner) caracterizó estos episodios como “inusuales, irregulares, complejos e impredecibles”, espontáneos y sin dirección, que involucraron a afro-estadounidenses “actuando contra símbolos institucionales, de autoridad y propiedad de la sociedad blanca en barrios negros” (National Advisory Commission on Civil Disorders, 1968, pág. 3). La Comisión concluyó que la causa principal de los violentos motines era el “racismo blanco” inherente a la sociedad norteamericana, la perpetuación de patrones de opresión, segregación y discriminación racial que había conducido a la falta de oportunidades sociales, económicas y educativas; y a la desesperanza de la vida en los guetos urbanos. El informe concluyó que Estados Unidos se estaba convirtiendo (si no lo eran ya) en una sociedad bipartita: una negra y pobre, otra blanca y rica, separadas y desiguales. Advirtió que sólo a través de una profunda redistribución de la riqueza, la creación de puestos de trabajo, el establecimiento de un salario mínimo digno, la puesta en marcha de planes sociales, de vivienda y educativos, y la eliminación de prácticas discriminatorias sistemáticas en el acceso y promoción del empleo, podría superarse la profunda brecha racial. Esta conclusión oficializó e institucionalizó no sólo los reclamos de un movimiento que durante décadas demandó cambios estructurales, sino el hecho de que los programas sociales gubernamentales no se adecuaban ni eran pertinentes para solucionar los problemas socio-económicos existentes. Johnson se negó a avalar las conclusiones de la Comisión que él mismo había creado, reunirse con sus miembros o diseñar una política que considerara sus recomendaciones, continuando con un patrón de inacción política que se mantiene hasta hoy. Así, en los años subsiguientes (1968–1972), al menos 960 comunidades negras segregadas fueron testigos de al menos 2310 motines “raciales”.

Desde entonces, estos episodios de carácter cíclico se producen como reacción a un sistema que, a pesar de manifestaciones, marchas, protestas, sentadas, reclamos de diverso carácter e índole y de los “cambios institucionales”, se las ingenia para seguir funcionando sin que nada cambie. Así, esto no representa solo la repetición de hechos pasados, sino que son consecuencia de la desidia histórica de las instituciones y del sistema político-económico para abordar el problema de racismo estructural que tiene Estados Unidos. En este sentido, los acontecimientos de este 2020 nos revelan tanto innegables similitudes con aspectos ya vistos en otros períodos de la historia estadounidense, como también particularidades de este momento histórico.

Similitudes

§ Los reclamos contra la violencia y brutalidad policial continúan estando entre las principales demandas del colectivo afro-estadounidense. Ya en 1966 el Black Panther Party, inspirado en reclamos de otras organizaciones comunitarias antes que ellos, plantearon en el punto 7 de su “Ten Point Program” la necesidad imperiosa de poner fin a la violencia racial y la represión policial contra los afrodescendientes, hacer valer el derecho constitucional a la autodefensa armada, y organizar grupos de vigilancia y defensa contra la brutalidad policial.

§ La apelación a formas y estrategias de lucha pacífica contenidas y reprimidas de manera violenta. La dinámica “movimiento popular basado en el principio de la no violencia contra la segregación — respuesta segregacionista y supremacista del poder y las instituciones” caracterizó la era de los derechos civiles. Incluso el Black Power, con sus principios de reivindicación del orgullo negro, la autodefensa contra los ataques racistas y la autodeterminación, era un postulado en respuesta a la violencia sistémica contra los negros.

§ Violencia y represión como respuestas sistemáticas desde el establishment. La razón es simple: se trata de procesos de movilización y protestas contra el sistema y del orden social. Es decir, la violencia y brutalidad policial es un accionar constante y deviene un detonante típico de procesos de protestas masivas, tanto entonces como ahora. Sin embargo, es importante subrayar que la respuesta represiva es hacia colectivos específicos: negros, latinos, trabajadores, etc.). Ante grupos que sostienen ese orden (supremacista y/o pro-capitalista) la respuesta no es represión sino tolerancia. Como ejemplo, podemos mencionar la inacción hacia las actividades del Ku Klux Klan desde su creación en 1865, hasta la más reciente manifestación de un grupo de “milicianos” de extrema derecha que 10 días antes de las protestas de George Floyd invadieron la legislatura de Michigan para protestar, armas en mano, contra la cuarentena (Perkins, 2020).

§ La romantización del “pacifismo” de las protestas de épocas anteriores: no solo figuras como Malcolm X, Stokely Carmichael o Huey Newton fueron vilipendiados por su retórica “radical”. El ícono del pacifismo y la desobediencia civil, Martin Luther King, Jr. fue durante décadas calificado de “agitador”, “incitador a la violencia”, “infiltrado”, “traidor a la causa de los negros” y hasta “comunista”. Esto evidencia que el problema de fondo no es la “forma de lucha”, sino que la misma existe como cuestionamiento al sistema.

§ “Globalidad” del reclamo: la historia de las protestas por la igualdad racial se entrelaza con las luchas contra las injusticias raciales a nivel global dadas por los procesos de descolonización y autodeterminación nacional posterior a la segunda guerra mundial, la lucha por los derechos civiles, la lucha contra el colonialismo y el imperialismo, y el Black Power. Entonces y ahora, estos continúan siendo movimientos transnacionales, no simplemente locales o nacionales, contra la injusticia racial y el racismo estructural.

Diferencias

§ “Diversidad” de los manifestantes: las protestas actuales se presentan como multiétnicas, una característica mayormente ausente en los años sesenta.

§ Thomas Sugrue ha observado que la geografía de la violencia y los saqueos tiene sus particularidades. En el pasado, los enfrentamientos se producían principalmente en “barrios negros”. Hoy, vemos que se iniciaron y/o extendieron hacia las partes más afluentes de los centros comerciales urbanos y suburbanos. La violencia tuvo como objeto tiendas locales y franquicias internacionales en barrios ricos como Rodeo Drive en Beverly Hills, el Soho en Nueva York y Buckhead en Atlanta. Según Sugrue, si bien aún es difícil comprender completamente la significación de que los manifestantes pinten grafitis que digan Black Lives Matter y Eat the Rich, es posible que “ante el aumento del desempleo y la continua injusticia racial, estemos presenciando algo que es tan viejo como nuevo” (Sugrue, 2020).

§ Ausencia de un liderazgo distintivo: las protestas son mayormente descentralizadas. No hay líderes identificables a nivel nacional, sino múltiples referentes locales con diferentes criterios y demandas inmediatas a ser satisfechas. Ello complejiza la resolución del conflicto en el corto plazo, en un contexto en el que la cabeza del gobierno federal, Donald J. Trump, con su retórica incendiaria, peligrosa intransigencia y propensión a la violencia no se caracteriza por bajar el tono del conflicto. Dicho ello, es importante aclarar que la “horizontalidad” de las manifestaciones no significa que las mismas sean “irracionales” o desorganizadas. Todo lo contrario: lo que se ve es la recuperación de formas previas de organización y la implementación de estrategias históricas de lucha, en protestas que son bien organizadas y coordinadas, y con claros objetivos en términos políticos.

§ Contexto histórico: estas protestas se producen en un particular contexto de recesión económica, acelerada por una crisis sanitaria global sin precedentes, producto de una pandemia que se reveló especialmente perjudicial con aquellos que continuaron sosteniendo el funcionamiento de la economía: los trabajadores del sector servicios. Según datos del Centers for Disease Control and Prevention (CDC), el 22% de los infectados y el 23% de las personas que murieron por COVID19 son afrodescendientes, cuando representan poco más del 12% de la población total. Siendo el 22% de los habitantes de la ciudad de Nueva York, a mediados de abril constituían el 28% de los muertos por el virus. En Chicago, donde representan el 30% de la población, comprenden el 70%. En Luisiana, son el 32% de la población, pero el 70% de los muertos (Wingfield, 2020). Cuando hacia el mes de abril 20.5 millones de personas fueron despedidas de sus puestos de trabajo, la tasa de desempleo entre los trabajadores afro-estadounidense aumentó un 16.7%, la más alta desde 2010; mientras que entre hispanos o latinos fue de 18.9%. Otro dato: según un encuesta realizada en abril de 2020 por el Pew Research Center, casi el 61% de los “hispanos” y el 44% de los afro-estadounidenses dijeron que ellos o alguien en su hogar sufrieron una pérdida de trabajo o salario debido a las consecuencias económicas de la pandemia (Major, 2020). Como expresara Priscilla Borkor, una trabajadora social que se unió a las protestas en Brooklyn: “Nos está matando o bien el COVID19, o los policías o la economía” (Altman, 2020).

Los primeros en enfermarse y en perder el trabajo, los afro-estadounidenses enfrentan una doble realidad (ser negros y ser pobres) difícil de eludir. Adicionalmente, hay un aspecto que particularmente resalta en el devenir entre el pasado y el presente: la extrema militarización de las fuerzas de seguridad interna. La misma comenzó con la retórica de “la ley y el orden” de Richard Nixon en 1968, una clara reacción a la movilización de las décadas de 1950 y 1960. Si bien se acentuó exponencialmente en los últimos 20 años, luego de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, ya durante el gobierno del demócrata Bill Clinton se apuntó a militarizar el accionar policial. Gracias al “Programa 1033” del Pentágono, creado luego de la sanción de la ley de Autorización de Defensa Nacional (1997), organismos de seguridad interna comenzaron a acceder, cada vez en mayor medida, a armas y tecnología del Departamento de Defensa desarrollada en términos de conflicto bélico contra enemigos externos. Ello dio lugar a una transferencia de $ 5,1 mil millones del Departamento de Defensa a las fuerzas del orden locales. Entre 1998 y 2014, el gasto de los departamentos de policía en insumos militares se disparó de $ 9,4 millones a $ 796,8 millones (Miller, 2019). Sumado a ello, las fuerzas policiales cuentan con protecciones legales contra actos de abuso y violencia. En 1982 la Corte Suprema concluyó en Harlow v. Fitzgerald que la policía, siendo funcionarios públicos, gozan de “inmunidad calificada”, una doctrina que brinda a empleados federales y estaduales una amplia y cuasi ilimitada protección contra su accionar en el ejercicio del cargo. Esto se vio ratificado en una sentencia posterior de 1986 (Malley v. Briggs) en la que la Corte clarificó que la inmunidad calificada “brinda amplia protección a todos, excepto a los simplemente incompetentes o aquellos que a sabiendas violan la ley” (Millhiser, 2020). En 2009, esta doctrina fue reforzada cuando se establecieron criterios para desestimar argumentos sobre la ilegalidad del accionar del funcionario o la violación de derechos civiles o constitucionales.

Esta sobrefinanciación, militarización e impunidad del accionar de las fuerzas policiales creció al ritmo de la evolución de la idea de “reestablecer la ley y el orden” de los años ’70, las bipartidarias “guerra contra las drogas” de los años ’80 y ’90, y la “guerra contra los opioides y la lucha contra el terrorismo” de los años 2000, en las que la constante es la criminalización no solo de la protesta sino de la pobreza. Conjuntamente con ello, la administración Trump restableció un programa del Pentágono para enviar “excedentes” de equipos militares a las fuerzas policiales; ordenó desestimar protocolos de consentimiento establecidos judicialmente por la gestión Obama, para supervisar el accionar de los departamentos de policía locales acusados ​​de abusos y violaciones a los derechos civiles, y se frenó un programa que apuntaba a reformar los departamentos de policía (Altman, 2020). Esta conjunción de factores derivó en el fortalecimiento de un sistema que, con el fin legal de la segregación racial, dedicó 50 años a perfeccionarse en la práctica de exonerar a victimarios y criminalizar víctimas tanto por su identidad racial como por su condición de clase. Así, recuperando la caracterización de Keeanga-Yamahtta Taylor, lo que vemos hoy en las calles es “la convergencia de una rebelión de clase en cuyo centro se hallan el racismo y el terrorismo racial” (Taylor, 2020). Este derrotero demuestra que, desafortunadamente, las manifestaciones y motines en Minneapolis son la evidencia de una pesada herencia. Y que en lugar de responder a una rebelión con políticas que aborden el problema a nivel estructural, políticos y funcionarios, desde Nixon a Trump, “han tratado constantemente de manejar las consecuencias materiales de los problemas socioeconómicos con más policía, más vigilancia y, finalmente, más encarcelamiento. Nosotros, como nación, aún no reconocemos la sabiduría que King proféticamente nos ofreció hacia el final de su vida: que solo la justicia social y el progreso son los garantes absolutos de la prevención de la violencia. No hay otra respuesta” (Hinton, 2020).

Referencias

Altman, A. (4 de Junio de 2020). Why The Killing of George Floyd Sparked an American Uprising. TIME. Obtenido de https://time.com/5847967/george-floyd-protests-trump/

Hinton, E. (29 de Mayo de 2020). The Minneapolis Uprising in Context. Boston Review. Obtenido de http://bostonreview.net/race/elizabeth-hinton-minneapolis-uprising-context

Major, D. (8 de mayo de 2020). BLACK UNEMPLOYMENT RATE MORE THAN DOUBLES TO 16.7% IN APRIL. Black Enterprise. Obtenido de https://www.blackenterprise.com/black-unemployment-rate-more-than-doubles-to-16-7-in-april/

Martin Luther King, J. (1967). “The Other America” Speech. Obtenido de https://www.crmvet.org/docs/otheram.htm

Miller, B. (24 de Mayo de 2019). The Militarization of America’s Police: A Brief History. Foundation for Economic Education. Obtenido de https://fee.org/articles/the-militarization-of-americas-police-a-brief-history/

Millhiser, I. (3 de Junio de 2020). Why police can violate your constitutional rights and suffer no consequences in court. Obtenido de Vox: https://www.vox.com/2020/6/3/21277104/qualified-immunity-cops-constitution-shaniz-west-supreme-court

National Advisory Commission on Civil Disorders. (1968). Report of the National Advisory Commission on Civil Disorders. Washington D.C.: US Department of Justice.

Perkins, T. (13 de mayo de 2020). Michigan: rightwing militia groups to protest stay-at-home orders. The Guardian. Obtenido de https://www.theguardian.com/us-news/2020/may/13/michigan-rightwing-militia-groups-stay-at-home-protest

Sugrue, T. (12 de junio de 2020). 2020 no es 1968: para entender las protestas actuales, hay que retroceder más. National Geographic. Obtenido de https://www.nationalgeographic.es/historia/2020/06/2020-no-es-1968-para-entender-las-protestas-actuales-hay-que-retroceder-mas

Taylor, K.-Y. (1 de Junio de 2020). A Class Rebellion: Keeanga-Yamahtta Taylor on How Racism & Racial Terrorism Fueled Nationwide Anger. (DemocracyNow, Entrevistador) Obtenido de https://www.democracynow.org/2020/6/1/keeanga_yamahtta_taylor_protests_class_rebellion

Wingfield, A. H. (14 de Mayo de 2020). The Disproportionate Impact of Covid-19 on Black Health Care Workers in the U.S. Harvard Bussiness Review. Obtenido de https://hbr.org/2020/05/the-disproportionate-impact-of-covid-19-on-black-health-care-workers-in-the-u-s